Además de las seis mujeres encarceladas por abortar, acusadas del delito de “homicidio por razones de parentesco”, hay otras 160 que están a punto ir a prisión y que también habitan en zonas de extrema pobreza en Guanajuato, con escaso acceso a educación básica y a servicios de salud, con falta de educación sexual y comunicación entre sus padres, y los hombres que las embarazaron las abandonaron a su suerte.
Los 166 expedientes ya obran en poder de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas.Las seis sentenciadas han recibido condenas a prisión de 27 a 35 años.Se trata de mujeres que no saben leer ni escribir y que trabajaban en el campo arreando animales antes de ser encarceladas por las autoridades del gobierno guanajuatense.
Analfabetas y pobres entre los pobres, las víctimas de un gobierno y un congreso local que modificó el Código penal del Estado de Guanajuato.
En otro tema, la titular del oficial Instituto de la Mujer Guanajuatense juzga a las mujeres que se practican un tatuaje, "inmorales y carentes de valores", aún cuando eso no está reglamentado en el código penal, se recomienda a las dependencias oficiales no emplear a personas tatuadas.
Es el Guanajuato del siglo 21.
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