La iniciativa que el presidente Calderón enviará al Congreso de la Unión, con la cual los ciudadanos podrán presentar denuncias de corrupción de funcionarios públicos y serán recompensados económicamente, no aplicará para los estados de la federación, porque “no es su ámbito de competencia”, ha dicho el Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
De igual manera, las empresas privadas que incurran en ilegalidades en los contratos con el gobierno federal, serían multadas con montos de 10 mil hasta 2 millones de veces el salario mínimo general. Otra vez, no aplicará a nivel estatal ni municipal.
Muchos funcionarios estarían celebrando que la iniciativa presidencial no vaya a fondo, a los tres órdenes de gobierno, y se quede en otro mediocre intento de curar una enfermedad que padece el país en su médula: La corrupción, sobre todo en la clase política.
Si al gobierno le ruboriza que México ocupe el lugar 98, de 178 países, en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, en realidad hace poco por mejorar su sitio.
Por hoy, mi contribución a la demolición del ánimo nacional.
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