El 11 de abril de 2009 se suscitó una inusual e insospechada
persecución policíaca en una de las entradas a la ciudad de León, al poniente,
en linderos cercanos con el estado de Jalisco. Se trataba de una caravana de presuntos
sicarios del cártel denominado La Familia michoacana, quienes fueron detenidos
no sin ofrecer resistencia, pues se desató un fuego cruzado que puso en grave
peligro a los transeúntes y automovilistas que circulaban por el bulevar Torres
Landa, entre ellos muchas madres de familia que habían acudido a recoger a sus
hijos a las escuelas de la zona.
Después de esa fecha
no ha ocurrido otro incidente similar, al menos en esta ciudad, la mayor
del estado.
Todas las entidades del occidente de México tienen avisos de alerta de parte del Departamento de
Estado norteamericano, a excepción de Guanajuato. Si se trata del norte del
país, ninguna se excluye de la lista
negra.
Decidido a preservar su estatus de seguridad, Guanajuato
habría firmado un convenio de contraprestación de servicios con la empresa
Seguritech, el cual importa un costo de 2,727 millones de pesos durante todo el
sexenio, a partir de este año 2013.
Es el llamado Proyecto Escudo, aunque no deja de resultar sui
géneris que el 24 de octubre del año
pasado fuese presentado primero a Janet Napolitano, la Secretaria de Seguridad interior de EE.UU., en visita a Washington del gobernador Márquez, acompañado del Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca y del Procurador General de Justicia, Carlos Zamarripa.
El tema se filtró como un trascendido confuso y cuasi
reservado a unas pocas personas, y debido a las muchas interrogantes públicas, el gobernador guanajuatense tuvo que
salir a informar sobre el asunto, e inclusive a dar el nombre de la empresa, el
cual fue manejado al principio con tan estricta secresía, que aún los diputados
locales de la comisión de seguridad desconocían el proyecto y el secretario de
seguridad pública estatal se negaba a revelarlo.
El Proyecto Escudo comprende
la construcción de un centro estatal de control o C4, equipado con sofisticada
tecnología, que estará ubicado en el Puerto
Interior, mediante el cual se vigilarán los más de 30,000
kilómetros cuadrados del territorio con la instalación de
arcos carreteros y miles de cámaras de vídeo, en previsión de evitar, por
ejemplo, la irrupción de un grupo delincuencial a zonas densamente pobladas
como el incidente descrito al inicio.
En cuanto a la viabilidad financiera del proyecto, para el cual no existió licitación, los
funcionarios estatales han dicho tener todo previsto y fríamente calculado,
como diría algún super héroe televisivo mexicano.
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