Aunque ellas han manifestado que lo ocurrido en realidad, han sido abortos espontáneos, Guanajuato las inculpó como abortistas homicidas, con penas desde 25 hasta 35 años de prisión, recluyéndolas en la prisión estatal de Puentecillas, en la ciudad capital.
Las seis mujeres inculpadas son de origen rural, pobres entre los pobres, sin preparación educativa y cuasi analfabetas.
Debido a la presión social, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y organismos como la ONU, el gobernador Juan Manuel Oliva las ha puesto en libertad, mediante la reforma al código penal estatal, en septiembre de 2010. Pero sólo han sido liberadas bajo condiciones, que han sido no demandar al Estado reclamando su total inocencia y, a su vez, prometiendo Oliva a cada una de ellas un empleo y apoyos en especie para que recuperaran, de alguna manera, algo de lo que el tiempo en prisión les habría costado.
A cinco meses de su liberación, ni el empleo ni los apoyos prometidos han sido cumplidos por el gobernador Oliva, por lo cual seis mujeres guanajuatenses se consideran hoy engañadas, doblemente ofendidas por el Estado.
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