martes, 25 de octubre de 2022

País: AMLO quiere cabeza del árbitro electoral con reforma constitucional


En un país como México, con Estado de Derecho cada día más frágil y la gobernabilidad descompuesta, previsiblemente la Moratoria Constitucional prometida por el bloque opositor no funcionó. 

Al menos no en la reciente reforma al artículo 5to. de la Constitución, referente a la participación de las fuerzas armadas en tareas civiles hasta 2028.

El una vez sólido "catenaccio" opositor-cual si fuese un cotejo de fútbol- fue horadado por AMLO y las huestes oficialistas por el flanco más débil, pues atemorizaron a Alejandro Moreno, a. k. a. Alito, diputado federal y dirigente nacional del otrora partido hegemónico PRI con denunciarlo penalmente, pese a que como legislador goza de fuero. 

El marcador está empatado ahora: AMLO y oficialismo 1 a 1 del bloque opositor, si vale la analogía. 

En adelante, la duda persistirá si continuará el PRIMOR, es decir, el PRI se sumará nuevamente al oficialismo o volverá con el bloque opositor. 

That's the question. 

Recordemos que anteriormente, en mayo, el bloque opositor no permitió la Reforma Eléctrica,  derrotando categóricamente y dejando al oficialismo indignado y frustrado porque incluso el propio Alito les sacó la lengua e hizo burlas, tal como el novato Lara del club América a sus rivales en recientes cotejos futboleros. 

Ahora, con su "moral" crecida, después de la igualada, el oficialismo por instrucciones del presidente AMLO va a por la Reforma Electoral, que incluye como objetivo principal la eliminación del Instituto Nacional Electoral, para regresar a ser el propio oficialismo el organizador de las elecciones, tal como fue hasta antes de su creación, en 1990.

El espectáculo en el recinto legislativo sigue siendo deprimente, fársico, pero los legisladores oficialistas, frescos, creen que pasarán a la historia con honores y no en donde finalmente caerán por su ínfimo nivel: el basurero. 

*El Instituto Cato, con sede en Washington, sitúa a México en el lugar 158 de 165 países en el ranking mundial de Estado de Derecho.


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